Mes: agosto 2020

Miembros de la comunidad indígena Itanaramí, distrito de Villa Ygatimí, Departamento de Canindeyú, exigen justicia y que las autoridades entreguen el cuerpo de Eliseo Arnaldo Sales Vera, joven asesinado en la reserva Mbaracayú a principios de este mes.

La comunidad espera la entrega del cuerpo del joven asesinado para darle sepultura, de lo contrario amenazaron con una manifestación.

La Policía anunció que detuvo este martes a dos ciudadanos brasileros de Capitán Bado sindicados como sospechosos, ya que por los testimonios se presume son marihuaneros que invadían tierras de la reserva Mbaracayú al momento de asesinar al joven indígena.

Los detenidos están identificados como Marcio y Adriano Alfonso Páez, hermanos de 26 y 23 años, aprehendidos en el asentamiento San Juan del distrito de Ypejhú, en Canindeyú.

Ambos fueron identificados por testigos de ser los que mataron al joven, por lo que el Ministerio Público realizó la detención.

La Cámara de Diputados mandó al archivo ayer el pedido de intervención de la Municipalidad de Concepción, salvando de la posibilidad de destitución al intendente Alejandro Urbieta, denunciado por una serie de irregularidades. Fueron 47 en contra 16 a favor, 8 en blanco y 3 no votaron.

El vocero de la comisión que se encargó del estudio de la solicitud, el diputado de Colorado Añetete Esteban Samaniego, también investigado por malos manejos cuando era intendente, dijo que la denuncia no fue seria y que los puntos objetados por Contraloría se referían a errores administrativos, que incluso después se presentó un plan de mejoramiento, por lo que no se detectaron motivos para una intervención. “Esta comisión aconseja el rechazo”, sentenció.

Aseguró que el jefe comunal supo defender todas las denuncias realizadas por los concejales. Una de ellas señalaba que Urbieta solicitó un préstamo para una obra de desagüe pluvial, pero se utilizó para pago de salarios a funcionarios. Sobre el punto, la respuesta del acusado fue que los G. 4.315 millones prestados se destinaron en un 83% para obras y 14% para salarios de concejales.

Otra denuncia detallaba que existieron cifras multimillonarias de deudas inciertas, pero que el intendente manifestó que todas fueron realizadas con autorización de la Junta y que no hubo exceso, entre otras irregularidades.

La diputada liberal Celeste Amarilla también se mostró en contra de la intervención alegando que es inoportuno el planteamiento para cualquier municipalidad, debido a que se debe realizar una nueva elección para cubrir el cargo de intendente, lo que no se puede por la situación de pandemia y el costo para el Estado, y que lo que corresponde es acudir a la Fiscalía.

El presidente de Constitucionales, el cartista Derlis Maidana, lamentó que la oposición utilice criterios político-partidarios para defender la gestión, y que junto con Justo Zacarías y Hernán Rivas aconsejaban como dictamen en minoría la intervención de la Municipalidad, aunque este último finalmente votó por el rechazo. “Con ese criterio ya no le vamos a denunciar a nadie”, dijo en respuesta a Amarilla y sosteniendo que sí existieron irregularidades.

Por su parte, el liberal Antonio Buzarquis afirmó que el dictamen de la Contraloría no muestra indicios de hechos punibles ni daños patrimoniales. “Sí encontré algunas irregularidades administrativas, las cuales pueden ser subsanadas o corregidas con ayuda de la propia Contraloría General de la República; si buscamos irregularidades administrativas, las vamos a encontrar, no solo en el municipio de Concepción, sino en muchas municipalidades de nuestro país”, argumentó.

Las nuevas autoridades del Partido Colorado instaladas tras la Operación Cicatriz buscan desplazar a unos 300 trabajadores para ubicar a sus operadores políticos, según la denuncia.

El denominado nuevo cuatrinomio de la ANR, integrado por Pedro Alliana, José Alberto Alderete, Luis Castiglioni y Javier Zacarías Irún, presidente y vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente, del partido, fue acusado por numerosos funcionarios de iniciar una feroz persecución laboral a fin de dejar sin empleo a casi 300 funcionarios del partido de gobierno para ubicar a nuevos operadores políticos que responden a la nueva mesa directiva instalada tras la concreción de la Operación Cicatriz. La denuncia fue planteada ante el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, informó el abogado de los funcionarios, Daniel Alarcón.

El profesional relató que la nueva conducción del partido emitió una resolución el pasado 1 de julio que modificó la carga horaria y el horario de ingreso como salida de los trabajadores. Esta medida afectó a casi la totalidad de los funcionarios que no pudieron continuar con sus labores en el partido.

“En realidad, hace 26 años están trabajando con un sistema de turnos, un grupo a la mañana y otro a la tarde. Al romper el diseño de turnos y un horario corrido hace que la gente no pueda continuar con su trabajo y comenzaron los despidos masivos”, reveló Alarcón sobre la situación que afecta a cientos de ciudadanos en plena pandemia.

Remarcó que desde una perspectiva legal, les será imposible seguir trabajando porque la mayoría cumple labores a la mañana en el partido y luego en instituciones públicas o privadas.

El abogado denunció que detrás de la resolución hay una decisión política de deshacerse de casi el 95% de los trabajadores del partido y disponer de esos cargos para gente nueva que responde a las autoridades de la mesa directiva. “Este nuevo cuatrinomio que existe dentro de la institución tomó la decisión política de desplazar a trabajadores sumamente antiguos por nuevas personas que tengan adhesión a la nueva conducción”, expresó.

Hace unas semanas se configuró la nueva estructura de poder en la ANR dentro de la Operación Cicatriz, que mantiene a Alliana al frente de la ANR, pero ingresó Alderete como nuevo vicepresidente junto con Castiglioni y Zacarías Irún. El grupo es sumamente cuestionado por un sector del partido por sus antecedentes.

Alderete y Castiglioni fueron acusados de traición a la patria por estar implicados en la firma del acta secreta con la que se pretendía vender energía de la Itaipú al Brasil.

Zacarías Irún, por su parte, tiene sendos procesos judiciales por hechos de corrupción.

ACCIÓN LEGAL. El abogado de los trabajadores explicó que plantearon la demanda pidiendo que se anule la modificación de las condiciones de trabajo de manera colectiva a través de un ejercicio abusivo y arbitrario. “No se puede modificar la carga horaria que fue establecida como una especie de derecho adquirido en los últimos 26 años de manera arbitraria, de un plumazo, como lo está haciendo la actual administración”, precisó.

Remarcó que la acción fue planteada ante el Juzgado Laboral de primer turno de Asunción. Solicitaron medidas cautelares para que se suspendan los efectos de la resolución hasta que se resuelva en los tribunales el debate sobre lo particular. “Hemos solicitado ante la Dirección del Trabajo una reunión tripartita, denunciando el hecho ante la autoridad administrativa para agotar todas las instancias”, añadió el defensor.

Los trabajadores critican que mientras la ANR hace publicidad con un departamento de empleo, las autoridades apuntan a dejar a 300 trabajadores en la calle.

La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) anunció que ya es realidad el “acuerdo nacional” con el Estado para la fabricación de alrededor de tres millones de batas hospitalarias para el Ministerio de Salud, en el marco de las acciones por la pandemia por el Covid-19. Unas tres mil familias de confeccionistas serán beneficiadas con el acuerdo.

Diego Daud, titular del citado gremio, dijo ayer a ÚH que consideran que era un día histórico para la industria nacional y de la confección. “Se logró que, por primera vez en la historia, el Estado, mediante una de sus instituciones, concrete un acuerdo nacional para la provisión de insumos con un sector de la industria”, recalcó.

Resaltó que el acuerdo consiste fundamentalmente en la fabricación de batas hospitalarias por parte de firmas de confección netamente paraguayas. “Son tres mil las personas que estarían involucradas directa e indirectamente. Tenemos 128 empresas inscritas para participar en distintos niveles y entendemos que serán más. Tenemos ya designadas ciertas ciudades con diez a doce empresas que van a ser parte del acuerdo”, acotó.

Estimó que el acuerdo dará trabajo por cinco a seis meses al sector de la confección involucrado. “La idea es lograr nuevos acuerdos más adelante, similares al que conseguimos con el Ministerio de Salud y que si ésta necesita siga replicando pedidos”, subrayó.

Daud especificó que en principio hay compromiso para confeccionar tres millones de batas, pero podría ser menos, porque una de las empresas se bajó del acuerdo. “Los preparativos de adecuación de maquinarias e instalaciones ya arrancaron semanas atrás. Las empresas están adecuando en forma su infraestructura”, enfatizó. Añadió que posiblemente la próxima semana ya estarían iniciando la producción.

Consultado si están logrando precios competitivos frente a productos importados, refirió que ya hicieron un estudio detallado de los costos y precios referenciales de los importados. “En general, estamos en el eje de precios de los importados. Podemos incluso ser más competitivos”, afirmó.

Añadió que el acuerdo no es para grandes industrias, sino que el espíritu es llegar a las pymes y mipymes, con las cuales, a futuro, esperan consolidar costos mejores y competitivos.

CELEBRACIÓN. Según un reporte institucional, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) celebró el resultado favorable, que beneficia a miles de familias del sector confeccionista del país. Concretamente recibirán apoyo más de 3.000 familias que trabajan en 200 empresas pequeñas y medianas, ubicadas en Asunción y el interior del país, como Yaguarón, Itá, Yataity, Luque, Ciudad del Este y Pilar.

La empresa privada confirmó ayer que sus acciones pasaron a pertenecer el cien por ciento a un grupo empresarial paraguayo que adquirió el 51 por ciento de las acciones del consorcio argentino Loma Negra.

Es lo que señaló ayer en conversación con ÚH el manager country de Yguazú, Andrés Wardle. Apuntó que era correcta la publicación que hizo el pasado fin de semana el diario argentino El Cronista, acerca de la negociación de las acciones.

Indicó que la empresa Loma Negra es la que anteriormente tenía el 51 por ciento de las acciones y que ahora fue adquirida por un grupo de capital local relacionado con la firma Concret-Mix, de José Bogarín. “Ahora la empresa es de capital netamente paraguayo”, recalcó.

Explicó que la idea es que Loma Negra continúe relacionada con Yguazú Cementos prestando un soporte en cuanto a asesoramiento más que nada, según el deseo de las partes que estuvieron en la negociación.

“El vínculo va a seguir, va a seguir estando y la idea es que la empresa sostenga lo bueno que venía haciendo y permitió que hoy tenga una participación del cuarenta por ciento en el mercado nacional”, refirió.

La mayor. De acuerdo con la publicación del citado medio argentino, Loma Negra es la mayor cementera de la Argentina, controlada por el grupo brasileño Camargo Correa y era la propietaria del 51 por ciento de Yguazú. Menciona que la transacción fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado viernes 21. También refirió que no se comentó el monto de la transacción.

Precisa que, en su balance cerrado al 30 de junio, la cementera argentina había valuado sus activos paraguayos en 6.007 millones de pesos, unos 80 millones de dólares al cambio oficial en ese tiempo. Añade que la unidad paraguaya aportó 1.867 millones de pesos, de los 15.635,2 millones que el grupo facturó. Menciona que despachó 260.000 toneladas, que representó una caída del 6,8%, “bastante más suave que el desplome del 25,7%, a 2 millones de toneladas, que la cementera de Camargo Correa registró en la Argentina”.

Recuerda que Intercement, unidad cementera de Camargo, fundó Yguazu Cementos en sociedad con Concret-Mix , del grupo paraguayo Bogarín.

Avanza la reparación para reiniciar producción
La cementera privada Yguazú estima que la próxima semana podría estar reiniciando su producción, luego de la parada forzosa debido a que un fenómeno meteorológico averió su transformador. También aclara que no han variado los precios de las bolsas.
El manager de la empresa, Andrés Wardle, dijo que la reparación del transformador está avanzando muy bien. Comentó que recurrieron a técnicos especializados de la Argentina para hacer los trabajos de reparación, que no es una tarea sencilla ni puede concretarse de un día para el otro. “Por suerte, la reparación va bien y también la expectativa es buena. Si no surge nada extraño posiblemente este fin de semana ya se estaría en condiciones de volver a producir”, recalcó.
Aclaró que el reinicio de la producción se va a dar paso a paso y este fin de semana verán si no surge alguna sorpresa. Refirió que tienen aprobado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la importación de 15.000 toneladas.

La deuda pública alcanzó el monto de USD 10.944,8 millones al cierre del mes de julio pasado, lo cual representa un 30,9% del producto interno bruto (PIB) del país, según la última actualización de las estadísticas que dio a conocer el Ministerio de Hacienda.

De esta manera, se acumula un incremento de la deuda total de alrededor de USD 2.085 millones en lo que va de 2020, considerando que al cierre de 2019 el registro era de USD 8.859,1 millones, equivalente en su momento al 22,7% del PIB.

De acuerdo con los datos oficiales, la deuda externa hasta julio es de USD 9.421 millones, un 86,1% del total, mientras que la deuda interna es de USD 1.523,8 millones (el 13,1% restante).

Asimismo, se observa en los reportes que la Administración Central acumula obligaciones de USD 9.640,9 millones al séptimo mes del año y la Administración Descentralizada, de USD 1.303,9 millones en el mismo periodo. Igualmente, resalta que las emisiones de bonos internacionales representan el 49% de la deuda total; es decir, USD 5.360 millones.

Ritmo. El acelerado crecimiento de la deuda pública este año se debe, principalmente, a los compromisos tomados para enfrentar la crisis sanitaria por Covid-19. Pese a la circunstancia, diferentes analistas y sectores económicos expresan constantemente su preocupación por el ritmo de endeudamiento.

Ya en meses anteriores, el nivel de deuda/PIB había ingresado en el rango de alerta bajo los parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, desde Hacienda habían considerado que los números son aún manejables, lejos del 45% considerado crítico por el mismo organismo multilateral.

Conforme a datos de Basanomics, Paraguay había registrado la suba de deuda más pronunciada durante el lapso comprendido entre junio de 2019 y junio de 2020, alcanzando un nivel levemente superior al 8% del PIB, por sobre las cifras de Brasil, Perú, Chile, Colombia y Argentina.

Para el cierre del año, la calificadora internacional de riesgos Moody’s había previsto que la deuda pública del país aumente a cerca de 32% del producto. Asimismo, para los próximos tres años, se espera que el indicador alcance un acumulado en torno al 35% del PIB.

Ingresos. Además del relacionamiento entre deuda y el producto interno bruto, diversos expertos explican que se debe tener en cuenta la sostenibilidad de las obligaciones desde el punto de vista de la capacidad de pago del Estado en función a sus ingresos, los cuales se ven reducidos actualmente a causa de la situación sanitaria.

En ese sentido, el informe denominado “La Administración Tributaria en tiempos de pandemia”, dado a conocer recientemente por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), explica que se estima una caída de 8,1% en los ingresos tributarios para el cierre de este año, con relación al año pasado.

La recaudación efectiva sería de más G. 12,7 billones en 2020, que equivale a alrededor de USD 1.850 millones. Esto representaría una diferencia negativa de G. 1,6 billones (USD 236 millones) versus 2019, conforme a los pronósticos.

De acuerdo con el decreto de la cuarentena social las celebraciones religiosas seguirán teniendo una limitación de hasta 20 personas por misa o culto. Los asistentes solo pueden ingresar con agendamiento previo.

El canciller de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Reinaldo Roa Servín, comentó que con la situación de pandemia las iglesias se van reinventando y se van viendo cómo la gente puede colaborar con el sostenimiento, ya que la crisis económica también golpea al sector religioso por los parates y las restricciones de ingreso de fieles.

“Muchas parroquias hoy están en una situación delicada por el sostenimiento y más aún las que tienen escuelas y colegios parroquiales, porque son los que más están sintiendo esta pandemia, porque allí tienen varios trabajadores que deben cobrar sus honorarios, y si no se pagan las cuotas, no se les puede pagar a los docentes”, detalló Roa.

Refirió que por los efectos de la cuarentena están buscando formas y mecanismos para ir cubriendo las necesidades de lo que implican los gastos dentro de la institución cristiana. En todas las parroquias hay como mínimo 3 a 4 trabajadores, a quienes se tiene que remunerar porque están trabajando, dijo. “Está el sacristán, el secretario, secretaria, el personal de limpieza, hay gente que siempre está y trabaja dentro de la Iglesia y hay que responder a ello porque tienen familias, tienen que llevar el pan de cada día a sus hogares y es una responsabilidad grande también que hoy las iglesias van llevando”, manifestó.

Señaló que desde el inicio de la cuarentena la Iglesia también ha colaborado dando de comer a muchas personas por medio de las ollas populares. Los insumos alimenticios fueron donaciones de personas que se acercaron a las parroquias, mucha gente que está acercando víveres, para que a partir de allí también se distribuya a los más necesitados.

ASISTENTES

Respecto al número de personas en las misas que se limita a 20, Roa dijo que eso debería ser igual para todos los locales que se están abriendo. “Si se están habilitando locales deberían también dar el mismo cálculo, hacer de una manera que el beneficio sea para todos, sin presionar al Estado siempre vamos a pelear y pedir por lo nuestro, siempre obedeciendo a las normas sanitarias estamos asumiendo y pedimos que se nos considere también”, aseveró.

“Siempre quedó muy incierta la cuestión de la cantidad de personas en los actos religiosos, en otros lugares a veces entran más personas que en la misma iglesia. En el templo podría habilitarse más personas ya que se toman las medidas sanitarias. Asimismo, instamos a la gente a que se cuide, el ser humano ahora es lo primordial”, apuntó.

En otros lugares entran más personas que en la misma iglesia, podrían asistir más personas en los templos tomando precauciones. Reinaldo Roa, canciller de la Arquidiócesis.

AUMENTO. En 15 días se triplicaron internaciones, en general, y se duplicaron los ingresos a las UTI. EXTENSIÓN. Hospital Nacional recibe 100 consultas diarias y piensan ampliar unidad para coronavirus.

En agosto, al parecer, todas las oportunas medidas, tomadas de forma temprana y celebradas a nivel global están siendo borradas del mapa de los recuerdos por el insaciable avance del nuevo coronavirus.

Los números hablan por sí solos: De 59 hospitalizados, al 1 de agosto, se pasó a 266 hasta el pasado lunes (ver infografía). Mientras que en ese mismo lapso se pasó de 12 a 66 internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en los últimos quince días la hospitalización por Covid-19 o sospecha se triplicó. En tanto que en UTI, hubo una duplicación de casos.

Esto empieza a mostrar la peor cara del Covid. Lo que se supone inevitable y que ya atravesaron países en el Hemisferio Norte y lo que padecen, desde hace unos meses, los vecinos de la región.

Los pacientes respiratorios ya colapsaron un sector del hospital modular construido en el predio del Hospital Nacional de Itauguá. Hasta allí llegan enfermos de todos los rincones del país.

“Vamos a tener que extender la unidad Covid. Estamos al tope. Ahora mi equipo está viendo un área para casos sospechosos”, contó la Dra. Yolanda González, directora de ese centro asistencial.

Las 68 camas simples del hospital modular en Itauguá ya están repletas. No queda lugar. Donde sí, hasta ayer de tarde, quedaban 11 camas disponibles (de 52) era en el bloque UTI. Y esto obedece a las bajas que se registran a diario, con un promedio que va de cuatro a cinco fallecimientos por día, desde que inició este aciago mes.

De los que están en sala común, 47 pacientes son Covid positivo. El resto aguarda confirmación. Este es otro inconveniente que tienen en Itauguá, donde aún están peleando por contar con un laboratorio propio. Solo procesando las muestras tendrán más rápido los resultados para hacer la separación oportuna: a los negativos de los positivos.

La directora dice que más de 100 pacientes respiratorios reciben por día; de los cuales 20% va a internación. “Los otros son derivaciones de otros hospitales. Acordate que esas consultas son solo de zonas aledañas; el resto ingresa directo en mal estado”, recalcó.

En Itauguá reciben enfermos de todos los polos; incluso de hospitales regionales, ya sean cuadros de Covid agravados o pacientes de otras patologías que contrajeron el virus estando internados.

LLEGAN TARDE

Cerca del 80% de los decesos por este mal se produjeron en agosto. El Dr. Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria, reveló ayer que casi el 30% de los pacientes con Covid mueren antes de pisar la terapia intensiva. Esto pasa –dijo– porque las personas llegan a la asistencia con los pulmones deteriorados. “Estos pacientes que no llegan a terapia son los que fallecen en sala común porque ya llegan en muy mal estado. Mientras tenemos el diagnóstico de Covid-19 tratamos un cuadro respiratorio y muchas veces es muy difícil trasladarlos porque hay que estabilizarlos y el daño a nivel pulmonar ya es muy importante”, explicó.

Ante el menor de los síntomas respiratorios, insta a la gente a consultar para evitar complicaciones.

Recibimos pacientes de todo el país, ya rebosamos. Pedimos que se construya otro modular; o si no hay que invadir otras zonas del hospital. Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional.

Sin camas UTI, aumentarán decesos
De mantenerse el actual ritmo de contagio, para el 30 de agosto el país se quedaría sin camas de terapia intensiva y hacia finales de setiembre entrante se tendría un promedio de 53 muertes por día.
Esto es lo que dice un estudio proyectivo sobre Paraguay realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés) de Washington, Estados Unidos. “Si todo sigue igual, nos vamos a quedar sin camas en terapia; el 11 de setiembre va a ser nuestro pico de infección, con 13.000 casos activos, y que el 27 de setiembre vamos a tener a 53 personas muriendo por día”, resumió la Dra. Lorena Fontaclara, terapista del Hospital de Clínicas y Hospital General de San Lorenzo (Calle’i), en base a la proyección del IHME. Este instituto basó su cálculo en los datos oficiales sobre disponibilidad de camas, muertes diarias y el ritmo actual de contagios. “Urge que de aquí a tres semanas cambiemos el rumbo, ya no podemos esperar. No podemos esperar mucho”, sostuvo Fontclara, quien no perdió ocasión de reclamar al Ministerio de Salud que se garantice la sostenibilidad de los insumos de protección personal.

La Dirección de Meteorología pronostica un martes con temperaturas cálidas y con bajas probabilidades de lluvias en todo el territorio nacional.

El informe meteorológico señala que la jornada prevalecerá con un clima fresco a cálido durante la mañana y se tornará caluroso por la tarde.

El cielo estará escasamente nublado y acompañado de vientos moderados del norte, lo que reduce las probabilidades de lluvias en todo el país.

La temperatura máxima estimada para Asunción y el área metropolitana es de 32°C, mientras que en el Este y en el Sur llegaría a los 29°C.

Para el Norte la máxima será de 33°C y en el Chaco paraguayo llegará a los 37°C.

El pronóstico extendido señala que este clima de amaneceres frescos y tardes cálidas persistirá durante los próximos días.

Gobierno dio a conocer paquete de medidas económicas para rubros golpeados por restricciones. Se anunciaron pagos del Pytyvõ, reducción impositiva, líneas de crédito y suspensión de ANDE.

El Equipo Económico Nacional (EEN) anunció ayer, en Palacio de López, un nuevo paquete de medidas fiscales y financieras en busca de atenuar el impacto que puede tener la denominada “cuarentena social” en rubros bastante golpeados por la crisis sanitaria, como la gastronomía, eventos, hotelería y turismo. Formaron parte de la conferencia de prensa el ministro de Hacienda y jefe del EEN, Benigno López; la viceministra de Economía, Carmen Marín; el subsecretario de Tributación, Óscar Orué; el titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Florentín; y el presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), José Maciel.

El ministro López subrayó que con la puesta en marcha de estos programas apuntan a asistir a los sectores más afectados por las restricciones en busca de preservar los empleos y la fuente de ingresos de miles de familias. Señaló que son acciones que ya estaban previstas en el plan de reactivación, pero se adelantaron atendiendo las nuevas condiciones de distanciamiento social (ver la infografía).

Subsidio. En este segmento, las medidas incluyen el pago del Pytyvõ 2.0 para 200.000 trabajadores informales, que arrancó ayer. La subvención es de G. 500.000 y se dieron vía billetera electrónica.

Estos se suman a los 107.000 residentes de ciudades fronterizas de Alto Paraná que ya recibieron las acreditaciones hace dos semanas. Es así que el subsidio ya llegó a 307.000 personas, más del 40% de la población objetivo.

Tributos. Esta parte del paquete se divide en tres: reducción de tasas, facilidades de pago y suspensión de facturas de la ANDE.

En el primer punto, mediante el Decreto 3967, como ya había anunciado ÚH días atrás, se redujo el IVA al 5% para los contribuyentes que se dedican a los rubros de alojamientos rurales, transporte y guías turísticos y organización de eventos. Este gravamen ya fue bajado anteriormente para la gastronomía, hotelería y abastecimiento de eventos.

En el segundo punto, a través del Decreto 3966, se fijó que las deudas con la SET podrán financiarse hasta en 60 cuotas, sin intereses. No obstante, para adherirse a este plan se tiene tiempo solo hasta el 31 de enero del 2021.

En el tercer punto se anunció que los comercios dedicados a eventos, turismo, hotelería y gastronomía podrán diferir los pagos de energía eléctrica en setiembre, octubre y noviembre. Los pagos pendientes podrán fraccionarse en 18 meses. El registro lo hará el MIC.

Créditos. El último pilar del paquete anunciado ayer tiene que ver con el acceso a financiamiento para personas dedicadas a las mismas actividades beneficiadas con el diferimiento de la ANDE.

El BNF puso a disposición una línea especial para estos rubros por un monto de G. 100.000 millones, con tasas del 7% en guaraníes y 5% en dólares. Para esto, también habilitará una ventanilla de atención diferenciada.

Finalmente, la AFD anunció que, en el marco del Fogapy, liberará garantías por G. 350.000 millones para los sectores ya citados con tasas máximas del 10%. En este caso se trata de compañías con facturación de entre G. 15.000 y G. 70.000 millones.