Autor: Editor El Verbo

Miguel López Perito, ex senador de Avanza País, sostuvo que el proyecto de ley aprobado en Diputados que devuelve acciones de la siderúrgica al Estado no solo “será un gran clavo”, sino también un posible nuevo “negociado” con la empresa actualmente en quiebra.

La propuesta legislativa impulsada por los diputados Enrique Mineur (PLRA) y Basilio Núñez (ANR) restablece el pleno dominio público del Estado paraguayo sobre la planta siderúrgica Acepar SA y deroga la Ley 1037/93 que inició el proceso de privatización de la empresa.

En caso de prosperar la ley, el Estado deberá hacerse cargo de un pasivo de por lo menos cincuenta millones de dólares, a los cuales se deberán sumar demandas en proceso; entre ellas, una multa de casi veinte millones de dólares de Aduanas por evasión impositiva con minerales de hierro y otros 50.000 millones de guaraníes por juicios laborales.

López Perito fue consultado a partir de que fue presidente de una comisión especial que investigó Acepar en el 2017. En sus conclusiones, el organismo denunció “irregularidades, hechos punibles de distintos tipos, la intervención apresurada e irresponsable, así como también responsabilidades compartidas en la estafa y vaciamiento de Acepar”.

Atendiendo a los antecedentes de su investigación, el ex senador consideró que el citado proyecto representará “un feroz clavo” para el Estado. Recordó que, justamente, a instancias de su colega de entonces Mario Abdo Benítez habían decidido investigar la realidad de la acería, desde el inicio de su privatización en 1993.

Manifestó que no le extrañaba esta nueva propuesta, ya que la orientación con Acepar fue siempre “robar todo lo que se podía, agrandar el pasivo y enchufarle al Estado, tema en el cual contribuyó el ex presidente Cartes y su ilustrísimo procurador, atendiendo a que nunca se integró el tribunal arbitral porque había una prohibición por ley y todo recayó luego en una administración judicial”.

Alertó que con el proyecto de ley en proceso “le van a tirar un gran pasivo al Estado y lo que van a hacer es depreciar al máximo luego la empresa para ver si algún empresario privado compra por chauchas y se apropia de algunos de los bienes importantes que tiene Acepar, como sus propiedades”.

 Para el próximo año se espera un aumento de la producción bovina, una demanda local más débil y un repunte de exportaciones de carne con la colocación de 360.000 toneladas en los mercados.

La recuperación de la demanda internacional de la carne y la mejoría en los precios influirán en el envío de 360.000 toneladas de la proteína nacional al extranjero, la mejor cifra de los últimos tres años, según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el 2021.

De acuerdo con la última proyección difundida en setiembre, hay una tendencia a la normalización pos-Covid en los mercados globales, lo que contribuirá al aumento de las exportaciones en 8,3% con relación a lo que espera al cierre de este 2020.

El informe refiere que las discusiones bilaterales para el acceso al mercado estadounidense son importantes para que Paraguay gane prestigio al demostrar estándares altos de calidad, que a su vez ayudarán a conseguir mercados adicionales como Canadá y México. Estados Unidos ya dispone de las documentaciones para analizar la aprobación del producto, pero aún debe enviar una misión técnica, en tanto que la industria manifestó su interés en implementar una cuota de envío con ventajas arancelarias.

DEMANDA INTERNA. El estudio pronostica que en el 2021 se destinarán al mercado local 193.000 toneladas de carne, 5% menos de lo que se espera al cierre de este año. Una de las razones de este comportamiento es la retracción económica estimada por el Fondo Monetario Internacional, además de las ventajas que tendrán los frigoríficos con los compradores internacionales.

El análisis se basa en el consumo de carne vacuna per cápita de 28 kilos al año, 22 kilos de pollo y 7 a 8 kilos de cerdo.

PRODUCCIÓN. El Departamento de Agricultura de EEUU también exploró en el sector ganadero, donde estima que la producción llegará a 550.000 toneladas de carne, 4% más que este año. El estudio menciona que una campaña de vacunación obligatoria contra la brucelosis está generando mejoras en la salud del rebaño, pero advierte que una sequía grave y en curso en algunas áreas sigue afectando negativamente en la tasa de partos de las hembras.

La cadena cárnica superó las caídas de abril. Al cierre de agosto reportó el envío 164.183 toneladas de carne bovina, excluyendo las menudencias, a más de 40 países por valor de USD 661,8 millones, con un aumento del 6,5% y 5%, respectivamente, con relación al 2019.

El tráfico aéreo comercial en el país volverá a abrirse hoy luego de casi 6 meses con la operativa de la línea Amaszonas, bajo la modalidad de vuelos burbuja, los cuales se realizarán de manera controlada entre Paraguay y Uruguay.

De acuerdo con el Decreto 4026/2020 emitido por la Presidencia de la República, fue aprobado el reinicio parcial de los vuelos comerciales. De esta manera, Amaszonas retomará la ruta Montevideo-Asunción-Montevideo y ofrecerá una frecuencia semanal (todos los lunes de setiembre).

El vuelo Z7 740 de la empresa privada despegará desde el aeropuerto de Carrasco a las 8:00 y aterrizará en el Silvio Pettirossi a las 8:50. Luego, el avión saldrá como Z7 741 a las 10:00 y arribará a Montevideo a las 12:50, según lo previsto.

REQUISITOS. Para ingresar a Paraguay, los pasajeros uruguayos identificados y autorizados por el Consejo de Defensa Nacional (Codena) deberán presentar una prueba Covid-19 negativa basada en una muestra tomada como máximo hasta 72 horas antes del vuelo. Asimismo, deberán contar con seguro médico internacional con cobertura del coronavirus, declaración jurada de responsabilidad, ficha de salud del viajero y podrá permanecer en el país por un máximo de una semana.

En caso de necesitar extender la estadía, al séptimo día deberá la persona realizar y presentar una nueva prueba Covid-19 negativa y tramitar una nueva autorización con el Codena.

En cuanto a los residentes de Paraguay, además de cumplir con los mismos requisitos mencionados, deberán realizar la cuarentena obligatoria en un Hotel Salud por siete días y realizar una nueva prueba de Covid-19 que debe resultar negativa para concluir con la cuarentena.

OTRA MÁS. Junto con Amaszonas, se prevé que la empresa Paranair también opere bajo la modalidad de los denominados vuelos burbuja con Uruguay, una vez a la semana, según detalló Douglas Cubilla, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Para hoy se prevé el arribo de alrededor de 30 pasajeros y la salida de una cantidad similar. Cubilla señaló que las autoridades de cada país estarán monitoreando la situación sanitaria para mantener o no la conexión y que, tras concretarse los vuelos de la jornada, ya se realizará una evaluación de la operativa.

Analistas coinciden en que pandemia tendrá fuerte efecto en cifras de pobreza del país. Cálculos oscilan entre 1,5 y 6,5 puntos porcentuales de incremento en el indicador para el cierre de 2020.

El Covid-19 tuvo un fuerte impacto en la economía global, sin que Paraguay sea la excepción. Además de la caída del producto interno bruto (PIB), también se espera para este año un incremento de los niveles de pobreza, según coincidieron analistas consultados por Última Hora.

Marta Coronel, de la firma Mentu, explicó que ellos estiman que la cifra crecerá del 23,5% de 2019 a 27,6% en 2020; es decir, un aumento de 4,1 puntos porcentuales en un año, lo cual equivale a alrededor de 317.000 personas que pasarían a engrosar los registros de pobreza.

El pronóstico incorporó un duro escenario como consecuencia de la pandemia, señaló Coronel, pero el número incluso puede ser ajustado al alza nuevamente, en caso de que la actividad económica vuelva a acusar un golpe fuerte producto de la crisis sanitaria.

En este punto, destacó que están monitoreando el proceso de recuperación y que la falta de certeza sobre la vacuna contra el nuevo coronavirus provoca un ahondamiento de la incertidumbre, lo cual puede repercutir negativamente. Asimismo, aseguró que será clave el desempeño del cuarto trimestre del año, en el cual ya se espera lograr un mejoramiento más sólido.

Por su parte, Patricia Goto, de CPA Ferrere, comentó que el aumento de la pobreza, conforme a sus estimaciones, puede alcanzar los 1,5 puntos porcentuales, en coincidencia con los cálculos expuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto equivale a alrededor de 115.000 personas.

Como aspecto a considerar, refirió que los informes de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) muestran que existe un deterioro transitorio en cuanto al empleo, pero que este puede volverse permanente en caso de que la actividad no repunte, lo cual elevará la pobreza en el país.

REMESAS. Asimismo, Goto asintió en que la baja en las remesas familiares ingresadas al país, que acumulan una variación negativa de 18% hasta julio, de acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), también repercute en los hogares vulnerables, que muchas veces dependen de este tipo de ingresos para sostenerse.

En este último aspecto coincidió igualmente Amílcar Ferreira, de SEI Consulting, quien estimó que la pobreza incluso puede llegar al nivel de 30% de la población para el cierre del año. “Creemos que habrá un retroceso en el indicador debido a la pérdida de empleo y la pobreza va a aumentar de nuevo, al menos temporalmente”, indicó.

Ferreira detalló que la pandemia afectó a sectores que generan mucho empleo y que eso tiene un fuerte impacto social que necesariamente va a reflejarse en las estadísticas.

En la metodología de la Dgeec, se define como población en situación de pobreza al conjunto de personas residentes en hogares cuyo nivel de ingresos es inferior al costo de una canasta básica de consumo, constituida por el conjunto de bienes y servicios que satisfacen ciertos requerimientos mínimos, alimentarios y no alimentarios. El costo de esta canasta se denomina Línea de Pobreza Total (LPT), el cual es considerado por persona miembro de cada hogar.

El presidente mantuvo contacto permanente con la Fiscalía y la Corte, mientras que familiares de los secuestrados siguieron con las negociaciones solicitando la liberación de los retenidos.

El Gobierno no respondió al chantaje del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que planteó hacer un canje de los cabecillas del grupo que están prisioneros, Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, a cambio de la liberación de los nuevos secuestrados, el ex vicepresidente liberal Óscar Denis y el peón Adelio Mendoza.

Las autoridades del Poder Ejecutivo optaron por la estrategia del silencio y se limitaron a informar que siguen haciendo el monitoreo del trabajo de rastrillaje que está realizando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona.

Anoche venció el plazo que el grupo armado dio al Gobierno para liberar a Carmen Villalba y a Alcides Oviedo.

Desde el entorno presidencial indicaron que tomaron la decisión de mantenerse alejados de las negociaciones que están realizando las hijas para tener una prueba de vida de Denis. Hubo contacto permanente con la Fiscalía y la Corte. Los efectivos militares y policiales siguen con los operativos esperando una orden por parte del comandante en jefe, que se mantuvo en Asunción. Durante el fin de semana, los militares realizaron incursiones en el monte, acompañando al padre de Adelio.

El presidente de la República mantiene contacto permanente con los familiares que se encargan de las negociaciones y estuvieron realizando conferencias de prensa para informar sobre el cumplimiento de la entrega de los kits de víveres en las comunidades indígenas que rechazaron el ofrecimiento.

ESCENARIO COMPLEJO. Con este nuevo secuestro en medio de la crisis sanitaria y cuestionamientos por el manejo del Poder Ejecutivo de la pandemia, se suma un escenario más complejo para el presidente Mario Abdo Benítez.

La crisis de seguridad marcada por la agenda impuesta por el EPP pone en aprietos al inquilino del Palacio de Gobierno. Referentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con otros sectores de la oposición, realizaron cuestionamientos y hasta están hablando de la idea de reflotar el juicio político al mandatario por los últimos acontecimientos ocurridos en el Norte. Primero con el abatimiento de dos niñas en un confuso procedimiento de la FTC durante el choque con los integrantes de la guerrilla, ahora sumado al secuestro del ex vicepresidente Denis.

Esta crisis encuentra a Abdo negociando con el sector del cartismo en el marco de la Operación Cicatriz que pretende darle gobernabilidad con el respaldo de los colorados. Sin embargo, aumenta el fuerte desgaste de la figura presidencial con la pandemia sumado a lo que está ocurriendo en el Norte.

Las movilizaciones que se dieron en Concepción, parte de Asunción y otros puntos del país, condenando la extorsión del grupo armado y exigiendo una salida al Gobierno, demuestran que la ciudadanía está expectante.

Varios analistas políticos y especialistas en materia de seguridad coinciden en señalar que el Gobierno debe cambiar su estrategia de combate al grupo armado y no centrarse solamente en la maniobra militar para erradicar la operación de este grupo armado que ya recaudó más de USD 3 millones en los últimos años.

Una de las opciones que plantean es realizar una cumbre de poderes para tratar el tema de seguridad. La última reunión que se desarrolló fue en el 2019 cuando Blas Llano era titular del Congreso.

Durante la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, el presidente Mario Abdo Benítez había señalado que con voluntad política recuperaría la soberanía en el Norte y que potenciaría la capacidad de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta para el combate al grupo armado.

Más transparencia en la gestión de fondos, en relación al dinero no entregado por la quiniela a entes de beneficencia, exige la Fundación Libre a Conajzar, según su directivo Juan Pablo Fernández.

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) no reparte el dinero a organizaciones de beneficencia, como está estipulado por ley, como resultado de premios no entregados por la concesionaria de la quiniela, la empresa TDP SA, según denunció Juan Pablo Fernández, titular de la Fundación Libre, junto con otras organizaciones civiles esta semana.

“Exigimos transparencia y la elaboración de un mecanismo más participativo para que las organizaciones civiles puedan postular ante la Conajzar para poder recibir los fondos estipulados por ley. Ahora, en medio de esta pandemia, es justamente cuando más se necesitan fondos y a falta de ellos no podemos ayudar a mucha gente desde la sociedad civil”, expresó Fernández.

BOTÍN. El directivo de Fundación Libre asegura que “si el fondo de la Conajzar no se administra bien, será un botín para un grupo de gente, ya que estipularon un reglamento interno que viola la ley, lo cual da pie para una repartija interna discrecional”.

Junto con otras organizaciones, Fernández espera que el Gobierno tome cartas en el asunto y que la Conajzar, cuyo accionar se desconoce, se ajuste a las leyes de transparencia de la información pública y de anticorrupción.

“La Conajzar tiene un recurso genuino que nos pertenece (a las organizaciones civiles) por ley, con el cual podremos seguir nuestros proyectos, que benefician a la gente. Son sumas millonarias que no se distribuyeron desde hace un buen tiempo”, expresó Fernández.

Esta semana otras entidades se sumaron al reclamo de Fernández, como las fundaciones Teletón, Visión, Pa’i Puku, Dequení, Operación Sonrisa, Solidaridad, Moisés Bertoni, Casa Cuna; y las oenegés Techo Paraguay, Denide y la Asociación Esperanza para el Autismo.

En una misiva al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, exigieron el cumplimiento del artículo 19 de la ley 1016, que establece que los premios de la quiniela no dados al ganador por no presentarse a los 60 días del sorteo serán para entes de beneficencia.

Pedido de informe desde el Senado
Esta semana el Senado aprobó un pedido de informe a la Conajzar en relación a la concesión de la explotación de la quiniela a la firma TDP SA, el cual motivó denuncias y reclamos en organizaciones civiles. La Cámara de Senadores realiza el pedido basándose en “supuestas irregularidades denunciadas” en los medios de comunicación, con relación a la falta de transparencia en la gestión de la Conajzar.
El Senado precisa conocer “el proceso de concesión” de la quiniela para los próximos cinco años, hoy en “etapa de evaluación”, y así “defender los intereses del Estado” de una eventual adjudicación amañada.

El déficit fiscal ya alcanzó los USD 1.156,6 millones al cierre del octavo mes del año, lo que equivale al 3,4% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el informe de situación financiera (Situfin), publicado ayer por el Ministerio de Hacienda.

El reporte de la cartera indica que el saldo rojo del Fisco alcanzó un nuevo techo histórico, superando ya así el tope máximo contemplado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Esa normativa establece que el déficit puede llegar a un máximo del 3% del PIB en casos de emergencia nacional, crisis internacional que pueda impactar seriamente en la economía nacional o una caída de la actividad económica interna; no obstante, el Congreso liberó por este año el límite debido a la pandemia del Covid-19, mediante la Ley de Emergencia promulgada en marzo.

En el 2019 se había dado el máximo de déficit fiscal, con un 2,9% del PIB al cierre de diciembre, autorizado debido a la recesión económica. El informe del Ministerio de Hacienda indica que, en el anualizado (últimos 12 meses), el saldo rojo se ubica ya en el 5,1%, aunque la previsión del Gobierno Nacional es cerrar el año en torno al 7,2% (ver la infografía).

Caída. El déficit fiscal se da cuando los gastos que realiza la Administración Central del Estado son mayores a los ingresos y se explican generalmente por la toma de endeudamiento para la inversión pública.

En ese sentido, el documento publicado ayer indica que los efectos de la pandemia en la recaudación de impuestos se acentuaron al cierre de agosto. El informe da cuenta que los ingresos tributarios cayeron en 9,1% al cierre del octavo mes de este 2020, en comparación al 2019. Esto significa que el Fisco dejó de recaudar entre enero y agosto unos USD 455 millones, cifra que es superior en USD 10 millones a lo registrado hasta el término de julio.

La inversión pública, por su parte, cerró el segundo cuatrimestre con un crecimiento acumulado del 31%, llegando a los USD 660,3 millones. La diferencia con el mismo periodo del 2019 es de USD 156,1 millones. De ese total invertido, el 84% corresponde a proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), costeados principalmente con recursos del crédito público.

Finalmente, el Situfin indica que los gastos crecieron a un ritmo del 11,3% entre enero y agosto. En ese aspecto, el gasto salarial aumentó 7%, lo que según Hacienda, se explica por el aumento de sueldos a las fuerzas públicas y las nuevas contrataciones de personal de blanco para fortalecer la atención hospitalaria. Además, en el marco de la Ley de Emergencia, se ha realizado el pago de una gratificación especial al personal de salud.

Uso de los créditos
El informe publicado por el Ministerio de Hacienda señala también que de los USD 1.600 millones de deuda contraídos por la Ley de Emergencia, se han asignado ya USD 1.341 millones. Esto representa el 83,8% del monto autorizado.El reporte muestra que USD 320 millones se asignaron al Pytyvõ, USD 300 millones a salarios y USD 256 millones a Salud, entre otros.